Ramiro Guzmán Arteaga
Regalar
casas a los pobres, como lo confirmó el presidente Santos, es típico de los gobiernos
limosneros. En Montería, casi todos los presidentes o gobernantes han
adelantado programas de vivienda sin que con ello se haya superado la pobreza ni
organizado urbanísticamente la ciudad.
Por
eso, se requiere que estos proyectos estén articulados a otros, como el de un
trabajo digno, permanente, auto sostenible, y a una educación de calidad. Todo
esto dentro de un Plan de Ordenamiento Territorial que incluya un desarrollo armónico desde lo
social, ambiental y urbanístico.
Lo
que se requiere es que a los pobres se les
mire como seres humanos a los que hay que vincular productivamente y
dignamente a la sociedad y no como personas a quienes hay que regalarles para
ayudarles a sobrevivir el resto de la vida.
En Montería muchas familias han sido
reubicadas desde invasiones hacia sectores urbanizados, y, una vez el Gobierno
les entrega las escrituras, los beneficiarios venden o arriendan las viviendas y
se van a vivir a otra parte, generándose así un problema de hacinamiento.
Los
pobres, los que verdaderamente lo son (no los avivatos), lo hacen porque no
tienen trabajo y en ocasiones ni para comer; para pagar los servicios públicos,
transporte y deudas. Además, se adjudican viviendas en sectores que carecen de
equipamiento urbano colectivo, como centros de salud, colegios, puestos de
policía.
De
modo que, regalar vivienda a los pobres, sin educarlos ni crearles condiciones para
auto sostenerse laboralmente, y sin planeación urbana ni ambiental, no es más que
ayudarlos a sobrevivir para que sigan siendo pobres el resto de sus vidas en
una ciudad que, como Montería, crece algarete,
y no se sabe hacia dónde va social ni urbanísticamente.
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