Ramiro Guzmán Arteaga
La protesta de la gobernadora Marta Sáenz Correa ante el gobierno nacional, por el número de asesinatos en el departamento de Córdoba, ha dado origen a una discusión pública que debería cambiar radicalmente la forma de contar los muertos. La gobernadora dice que los asesinatos eran 575, hasta julio. El Presidente Juan Manuel Santos responde que el número es menor.
El caso es que en Colombia los gobiernos reducen todo a cifras. Se cuentan los damnificados por el invierno, el índice de pobreza, los desplazados, los muertos en las masacres, los atracos, las violaciones de derechos humanos, las violaciones a las mujeres y a los niños, los asesinatos ocurridos en la ciudad y el campo. Todo se cuenta. Todo queda reducido a números, como si la vida fuera un plano cartesiano.
Los gobernantes se olvidan que todo lo que se reduce a mera técnica de análisis de datos niega la posibilidad de ver la verdad de lo que sucede, porque con ello evitan la crítica y la reflexión sobre la realidad. Es lo que sucede en Córdoba, en donde enfrentamos una gravísima situación social, política y de inseguridad.
Mientras el departamento se despedaza y la base ciudadana, el pueblo, aporta las víctimas de estos cataclismos absurdos, los gobernantes, que deben responden por la seguridad y el bienestar, se enfrascan en un debate carente de sentido porque no se hace sobre la base de la precisión ni, los más importante, la reflexión crítica. Por eso, la gobernadora y el presidente deberían empezar por ponerse de acuerdo, al menos, en la forma de contar los muertos.
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