Ramiro Guzmán Arteaga
En forma volátil y con un sentimiento cargado más de
tecnicismo que con sentido humano, hace hoy una semana, el ex jefe paramilitar
Salvatore Mancuso reconoció y pidió perdón a las familias de las víctimas de
los crímenes cometidos por orden suya en la Universidad de Córdoba. Sin
embargo, entre las familias que
acudieron al Centro de Convenciones de Montería lo que se percibió fue un
silencio con sensación a desconcierto y
un sentimiento de dolor e impotencia por cuanto fue un acto etéreo e
insustancial en el que simplemente se mostró un video -con un daño técnico
incluido- con el mensaje del perdón, lo que para muchos fue una habilidosa forma de ‘escurrir el
bulto’, como se dice popularmente.
Lo que los familiares esperaban era una presentación en
vivo y en directo, en la que el ex jefe paramilitar les dijera la verdad sobre
sus muertos, sus tierras, sus desaparecidos.
De modo que no se trata entonces solo de pedir perdón
sino que el Estado defienda la dignidad
de las familias mediante la búsqueda permanente de la verdad, como un derecho
legítimo y para que la historia no se
repita. Por supuesto que el perdón tiene validez, pero requiere, además del
reconocimiento de la falta, que no queden rastros de impunidad y que se haga
justicia. Además, compensación en dinero
y devolución o restitución de tierras.
Según se infiere
de lo informado por Al día, los ex jefes
paramilitares aún le deben muchas explicaciones al departamento y a la comunidad académica de la universidad,
entre ellas la responsabilidad que en ese contexto criminal tuvo el Estado y en
tal caso los miembros del Alma Mater. No puede haber ‘vuelta de página’, porque
además, el Estado colombiano no solo ha roto la confianza de los ciudadanos para
saber todo cuanto ocurrió, sino que nos ha engañado permanentemente.
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