Sin desconocer a muchos diputados que han
pasado por la Asamblea y que hacen parte de nuestra historia y están
merecidamente sentados en su gloria, en el imaginario popular existe el
concepto de que la Asamblea Departamental de Córdoba no es más que un espacio
para el entretenimiento de una clase
política corrupta e inútil, de la cual hacen parte algunos diputados con
perfiles delictivos cuando no caricaturescos y ridículos. Y es posible que esa
imagen negativa se mantenga hasta que a algún diputado honesto se le ocurra cumplir
en forma responsable con sus funciones constitucionales.
Sin embargo, parece que de las 14 funciones
que le otorga la Constitución a las asambleas, a los diputados de Córdoba solo
les interesa la de autorizar al gobernador para que haga contrataciones, porque
lo demás no pasa de ser una novela de radioteatro.
Ya el Gobernador dejó evidenciado esta semana que
algunos diputados pretendieron chantajearlo con exigirle prebendas a cambio de
autorizarle el manejo de recursos que por 599 mil millones de pesos se deberán
ejecutar en el 2013; sin embargo, tampoco el Gobernador puede caer en la
demagogia del discurso de tono alto, en el sentido de no dejarse chantajear ni
subyugar, para abusar del poder con el argumento – también demagógico- de que
representa los intereses del pueblo.
Es evidente que las asambleas departamentales
tienen responsabilidades constitucionales importantes como la de ejercer un
control político y administrativo de los gobernadores, en ese sentido son un
instrumento válido de la democracia, pero el ejemplo que en la historia
reciente de Córdoba han dado los diputados y los gobernadores nos obligan a
mirar hacia quienes piensan que estas no son más que un nido de corrupción con
una función estéril e inútil.
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